En su lucha contra la organización criminal “Tren de Aragua”, Donald Trump intentó el sábado invocar una ley de 1798, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial contra residentes japoneses, pero su decisión fue bloqueada por un juez.
El presidente de Estados Unidos había ordenado la expulsión de presuntos miembros de la banda de narcotráfico venezolana Tren de Aragua, diciendo que tenía derecho a declararlos «extranjeros enemigos» bajo una ley utilizada en tiempos de guerra.
Los activistas de derechos humanos han llevado el asunto a los tribunales, y el juez James Boasberg ordenó el sábado una suspensión de 14 días de todos los desalojos hasta que tenga más tiempo para revisar la legalidad del decreto.
La Ley de Extranjería y Sedición es una ley que permite al presidente estadounidense arrestar o deportar a ciudadanos de una nación enemiga.
Creado en 1798, se utilizó durante la Guerra Anglo-Americana de 1812, durante la Primera Guerra Mundial y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 120.000 japoneses y japoneses-americanos fueron internados en Estados Unidos.
Donald Trump, quien tiene una postura muy dura sobre inmigración, quiere usarla para combatir a los miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua que operan en suelo estadounidense.
La Casa Blanca dijo en un comunicado el sábado que la pandilla tenía vínculos con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
«Esto ha producido un estado criminal híbrido que ahora está cometiendo una invasión e incursión depredadora en los Estados Unidos», afirma el documento.
El Sr. Trump acusó al Tren de Aragua de librar «una guerra ilegal contra el territorio de Estados Unidos, tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro».
Según el comunicado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, tiene 60 días para implementar la orden, que hace que todos los miembros del Tren de Aragua «estén sujetos a arresto, detención y deportación inmediatos».
Todos los miembros venezolanos del Tren de Aragua mayores de 14 años que no sean residentes permanentes de los Estados Unidos o no tengan nacionalidad estadounidense estarán sujetos a deportación.
«La intención de la administración Trump de usar la autoridad en tiempos de guerra para hacer cumplir las leyes de inmigración es tan inédita como ilegal», dijo Lee Gelernt, funcionario de la organización de derechos humanos ACLU, en un comunicado.
«Esta puede ser la medida más extrema que haya tomado jamás la administración, lo cual es mucho decir», añadió Gelernt.
AFP
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