La organización ambiental SOS Orinoco informó que de septiembre del 2024 a marzo del 2025 se detectaron 4.000 nuevas hectáreas de minería ilegal.
A través de un sistema de geolocalización, la organización mantiene un monitoreo constante en focos de actividad minería en zonas protegidas que abarcan la Amazonía venezolana, dichas imágenes pueden ser visualizadas a través de una página web.
La labor de esta organización busca visibilizar la forma en la que la minería descontrolada, cuya expansión aumentó tras la creación del Arco Minero del Orinoco, continúa expandiéndose y afectando zonas protegidas como parques nacionales y bosques que representan una importante riqueza natural.
Según la última actualización del geoportal, las zonas más afectadas son Icabarú, en el eje de Santa Elena de Uairén, con 9.800 hectáreas. Canaima, zona protegida que contiene el Parque Nacional Canaima, que para 2024 se estimó que existían más de 1600 hectáreas afectadas.
Imataca, por su parte, tiene un foco minero aurífero que se extiende por al menos 4.781 hectáreas. Y, por último, La Paragua contiene alrededor de 6.000 hectáreas afectadas.
Omisión gubernamental para erradicar la minería ilegal
A pesar de que desde el año 2022 el Estado venezolano impulsó la Operación Roraima y la Operación Autana para erradicar la minería ilegal, la situación continúa expandiéndose en la región. De hecho, cada año se tienen cifras de fallecidos por accidentes en contextos mineros.
SOS Orinoco ha enfatizado en que esta actividad se sostiene por omisión gubernamental, puesto que para mantenerla se requiere el traslado de combustible y mercurio hacia estas áreas- la comercialización de mercurio es ilegal en el país-.
De acuerdo con la oenegé la lucha “contra la minería ilegal es una farsa: Todas estas son minas en plena expansión en manos de los mineros que estaban en el Parque Nacional Yapacana y con el visto bueno de los militares”, denunció la organización al cierre del año 2024.
Salto Ángel y La Neblina: parques nacionales en peligro
A través de su último reporte, SOS Orinoco alertó una vez más de las actividades mineras que vienen acercándose al pie del Salto Ángel, la cascada de mayor altura del mundo y patrimonio venezolano. Esta situación amenaza con acabar la biodiversidad y majestuosidad natural de estos espacios.
Asimismo, se reportaron 29 minas ilegales trabajando en el Parque Nacional Serranía La Neblina, al sur de Amazonas, dicha actividad promueve la destrucción de bosques primarios, así como de los distintos ecosistemas venezolanos.
La minería en áreas protegidas está absolutamente prohibida. En el caso del Parque Nacional Canaima, esta organización ha solicitado a la Unesco que sea puesto en categoría de “peligro crítico” dada la incapacidad de las autoridades venezolanas para resguardarlo, debido a sus políticas promineras.
Autoridades aseguran que hay “minería ecológica en Venezuela”
En el marco de la Expo Metal 2025, el mandatario Nicolás Maduro celebró que se ejecute minería “ordenada” en Venezuela, mientras entregó una tonelada de oro procedente de las minas de Bolívar a la reserva del Banco Central de Venezuela.
Sin embargo, las acciones ejecutadas para erradicar la minería ilegal en el país han sido calificadas como agresivas contras las poblaciones indígenas y actores que forman parte del escenario minero. Asimismo, a pesar de que la operación lleva más de dos años activa, organizaciones señalan que el extractivismo continúa expandiéndose en la zona.
Una actividad que no rinde cuentas
El Arco Minero fue inaugurado en el año 2016 bajo el mandato de Nicolás Maduro en el marco de una fuerte crisis económica en el país, esta alternativa- como algún día se dijo de las industrias básicas- buscaba “diversificar la economía”.
Al contrario de las medidas y políticas adoptadas para crear un bastión industrial en Guayana, especialistas coinciden en que el Arco Minero se instaló de forma abrupta e inconsulta, puesto que no se cumplió con la consulta previa que norma la Constitución para con las comunidades indígenas ni se hizo un estudio que estimara los daños o afectaciones que podría causar la iniciativa al medioambiente.
A su vez, tampoco ha habido transparencia en la implementación de estas políticas económicas, ya que no información clara sobre las empresas involucradas en la extracción minera ni las ganancias que arroja esta actividad al Estado.
Asimismo, tampoco hay información oficial sobre la presencia de grupos armados en la zona ni violaciones a los derechos humanos, el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana ha presentado informes donde se evidencian formas de esclavitud moderna en la zona.VF
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