Empresarios, industriales, exportadores y gremios de Bolivia convocaron hoy jueves a un paro de 24 horas para el próximo 10 de febrero en rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la cual consideran una medida confiscatoria que vulnera sus derechos.
La disposición en cuestión establece que «con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales», las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos «a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos».
El dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, dijo en el Encuentro Multisectorial que la disposición no es nueva, pero su aplicación representa una amenaza para el comercio.
González señaló que si la medida no es derogada, los actores de la cadena de abastecimiento cumplirán su advertencia.
«Los integrantes de la cadena de abastecimiento iniciaremos un paro movilizado de 24 horas, de carácter nacional, el 10 de febrero del presente año», aseveró.
En el encuentro también se acordó demandar al presidente nato de la Asamblea Legislativa Nacional (Congreso), David Choquehuanca, poner sus buenos oficios de inmediato para derogar dicha disposición
Asimismo, se resolvió que ninguna de las instituciones integrantes de este ampliado y las que son parte de las cadenas de abastecimiento asistirá a alguna reunión para tratar la reglamentación de dicha disposición.
Sin embargo, el viceministro de Defensa de los Derechos de Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo en conferencia de prensa que se insistirá en la convocatoria al diálogo para que argumenten técnica y jurídicamente su posición de rechazo a esa disposición.
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