Los activistas de los derechos humanos han condenado que 238 la transferencia de venezolano a la prisión de máxima seguridad de El Salvador ha violado sus derechos básicos. En una entrevista con Cronica UNO, el defensor salvadoreño de los derechos humanos George Rodríguez analizó el caso.
La transferencia de 238 inmigrantes de Venezuela a la prisión de protección más alta de El Salvador por acusaciones de la banda criminal Caracas Aragua fue transferido a los defensores de los derechos humanos, quienes vieron la violación de la garantía básica de estas personas.
“Las leyes salvadoreñas no tienen una base legal que permitiera a las personas que no cometen delitos en la región salvadora”, dijo Crónica El defensor salvadoreño de los derechos humanos George Rodríguez.
Radríguez de El Salvador y la Universidad Centroamericana del Instituto de Derechos Humanos de El Salvador, Radríguez, junto con los inmigrantes, dijeron que el arresto de los venezolanos indicó violaciones de derechos humanos.
“Por supuesto, todos estos inmigrantes están siendo violados, al menos responsables de El Salvador”, agregaron expertos.
Luego complete entrevistas:
– 238 ¿Cuál es el informe oficial para el arresto de los inmigrantes de Venezuela? ¿Qué acusa al gobierno de Nayeb Buckel para detener al gobierno en Sikot?
– Lo primero es acceder a la información pública no solo en este caso, sino también en todos los casos privados de libertad en El Salvador. Desde el punto de vista de los derechos y la información humanos, hay muchos harmaticismo en torno a múltiples temas que se limitan a las declaraciones dispersas que los funcionarios gubernamentales pueden dar.
Es lo que se muestra en los medios de comunicación y no hay un informe formal sobre las razones o causas en este caso por qué esta población es y desde qué dirección. Como el primer elemento tomado en consideración en este caso.
– El gobierno de Donald Trump se ha quejado de que su tren Aragua incluye …
– Sin embargo, según los datos de los Estados Unidos, al menos 5 de estos Venezuela no fueron demandados por delitos organizados, pero fueron demandados por el estado de inmigración irregular. En este sentido, hay mucha gestión de la comunicación irregular por parte de las autoridades de El Salvador.
Obviamente, formaron un solo equipo con todos los venezolanos y cada uno acusado de ser incluido en su tren Aragua. Ser considerado como delincuentes sin pruebas de ellos.
– ¿El Salvador tiene alguna base legal para este enfoque?
– Hasta donde sé, no hay una base legal en las leyes salvadoreñas que permitan a las personas arrestar a las personas que no han cometido delitos en la región salvadora. Además, todo indica que no solo han cometido el crimen, sino que no tienen registros que los conecten con el compromiso con el crimen.
Esta es una situación completamente irregular que ha sido de facto, aunque debe reconocerse que es difícil confirmar con una precisión del 100 %, porque una comunicación aquí está cerrada y no se informa sobre lo que se basa en el método.
Sin embargo, enfaticé, para lo que se sabe, no hay una base legal para realizar estos arrestos.
– ¿En qué situación son estos venezolers?
– Todos ellos están siendo violados por 238. Al menos en el caso de El Salvador. Aquí en El Salvador, toda la población privada de libertad se ha apoderado de sus derechos en una situación, hay más del 200 % de las multitudes abarrotadas, y la imposibilidad de acceder a los ejemplos de condenar las violaciones de los derechos humanos o publicar sus casos no funciona.
– ¿Existe una organización local que te vigile ahora?
– Hay dos organizaciones para proteger a las personas aquí, el jefe es la oficina del Fiscal General, es una organización responsable de la defensa del acusado del delito. Luego hay otra organización, la Oficina del Fiscal General para defender los derechos humanos, que es responsable de aceptar las violaciones de los derechos humanos como un arresto voluntario. Ahora, a nivel formal, la realidad es que estas instituciones tienen muy pocos recursos e incluso hace tres años, El Salvador no tiene la capacidad de concentrarse en la alta demanda de las Salvadoras arrestadas dentro de la estructura del estado.
Además, hay ONG que se dedican a la defensa de los derechos humanos y tienen muchas, pero todas estas compañías encuentran dificultades para apoyar a los prisioneros porque no permiten la libertad y la comunicación entre las personas privadas en el extranjero. Desafortunadamente, incluso con los salvadoreños, los prisioneros no tienen contacto con sus familiares o defensores personales.
Ahora, no tengo ninguna noticia de que estas compañías hayan tratado de arrestar al venezolano. Entre otras cosas, porque hay una barrera de comunicación y los casos y archivos imposibles de conocer.
– ¿Las ONG que pueden proteger a los venezolanos se enfrentan a cualquier otro inconveniente?
– El punto principal es que todos somos aquellos que queremos proteger a aquellos que están privados de libertad o solo critican este arresto con Venezuela, pero en la estructura del estado de excepción, nuestros defensores criminales son llamados a nuestros defensores criminales.
El Salvador de Defensores tiene plenos detalles de delincuentes, financiadores de pandillas, cuando, en realidad, lo que se menciona no solo está influenciado por pandillas, sino que también influyó en muchas personas, que son calculadas por miles, y no se incluyó en estas pandillas. Hay una declaración escandalosa para todas las personas que critican la excepción por atacar a las pandillas Gumel.
– ¿Qué puede hacer el estado pariente o de Venezuela para ayudar a estos inmigrantes?
– Estos inmigrantes de Venezuela se encuentran en situaciones muy complejas en El Salvador, si consideramos que las ONG han podido ir con los salvadoreños arrestados y atacados por el estado de excepción.
Me parece que la OMI o el ACNUR, dos oficinas de la ONU importantes, pueden desempeñar un papel importante como intermediario y pueden ver si pueden recomendar esta población.
Debemos enfatizar que eran personas que estaban en situaciones de inmigración irregulares, no eran culpables.
– ¿Hay algún predecesor de El Salvador de una medida similar?
– No hay antecedentes en mi registro en el que El Salvador se haya tomado prestado para detener a las personas, que no cometieron crímenes en su región, archivaron o prueban que incluso se demostró que eran delincuentes.
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