La Administración Trump deportó a El Salvador a 238 personas, aparentemente todos venezolanos, a quienes acusa de ser miembros de la organización criminal, Tren de Aragua. Lo hizo el 16Mar recurriendo a una ley con más de dos siglos de antiguedad a pesar de que fue bloqueada por un juez federal. El Gobierno venezolano denunció criminalización y acoso a la migración venezolana en EE.UU.
A pesar de que el juez James Boasberg bloqueó temporalmente la capacidad del Gobierno de Trump para usar la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, además de los 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, 23 integrantes de la Mara Salvatrucha llegaron al Centro de Reclusión para Terroristas de El Salvador, confirmaron el presidente de ese país, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
La referida ley capacita al presidente en cargo a usar poderes de guerra para acelerar las deportaciones de migrantes indocumentados acusados de pertenecer a organizaciones terroristas. Sin embargo, está diseñada para ser invocada si EE.UU. está en guerra con otro país, o si una nación extranjera invade EE.UU. o amenaza con hacerlo.
Con base a ello, y a solicitudes de impugnación presentadas por organizaciones de DDHH, Boasberg, juez principal del tribunal federal de primera instancia en Washington, emitió dos bloqueos temporales a la aplicación de la ley, ordenando incluso el regreso de cualquier avión que hubiese partido con migrantes deportados.
Sin embargo, los «extranjeros enemigos», como los califica la ley, ya están en el famoso Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) por «un período renovable de un año», explicó Bukele en sus redes.
El magistrado tuvo que convocar dos sesiones: la primera para anular cinco deportaciones iniciales y la segunda para extender la primera anulación a cualquier futura deportación similar.
Y, según se desprende de la reacción de Bukele en su cuenta de X: «Ooops, demasiado tarde», las expulsiones de los 238 presuntos miembros del Tren de Aragua habrían ocurrido durante el tiempo transcurrido entre una y otra sesión.
Bukele también dejó en evidencia que EE.UU. pagará por cada uno de los detenidos en la prisión más grande de América Latina, diseñada para 40 mil presos. «Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros», escribió en su cuenta de X.
Venezuela reacciona
El Gobierno venezolano, a través de un comunicado emitido el mismo 16Mar, repudió la deportación a través de la Ley de Enemigos Extranjeros y acusó una criminalización de la migración venezolana, la cual asegura que está siendo perseguida en sus lugares de trabajo, iglesias hospitles y espacios públicos y hasta en las escuelas, en tanto asegura que incluso menores de 14 años son víctimas de esta persecución.
De hecho, el documento señala que «nunca en la historia de había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria, a niños como miembros de grupos terroristas, que son considerados criminales por el solo hecho de ser venezolanos».
El Gobierno asegura que apelará a todos los mecanismos de protesta activ en lo diplomático, jurídico y político, para la defensa de sus migrantes y alerta a la región sobrelo que califica como un peligroso precedente.
Fotoportada: (Referencial) EuropaPress
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