Las celdas de los comandos policiales en Venezuela continúan operando como cárceles paralelas, una situación denunciada por Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). A pesar de que legalmente estos espacios están destinados a detenciones temporales, la realidad es que se han convertido en lugares de reclusión prolongada, caracterizados por el hacinamiento, condiciones inhumanas y una profunda corrupción que afecta tanto a los internos como a sus familiares.
Desde comisarías hasta sedes del Cicpc, los calabozos policiales se han convertido en «prisiones improvisadas», donde miles de personas permanecen hacinadas por años, a pesar de estar diseñadas para detenciones temporales. Esta situación, que se ha agravado en las últimas dos décadas, ha generado una crisis carcelaria.
Para el año 2024, la población masculina reclusa en los calabozos policiales era de 20.886 detenidos, aun cuando la capacidad instalada de estos espacios es de 10.842 cupos. Mientras que la población femenina en los centros de detención fue de 2.028, para una capacidad instalada de 213 cupos.
Pero el problema no sólo es la situación crítica de hacinamiento, sino las denuncias que han hecho las ONG como OVP y Una Ventana a la Libertad, en las que destacan los maltratos de detenidos, cobro en dólares por visitas de familiares, visitas conyugales, pase de celulares, traslados de presos a centros de salud y tribunales.
Familiares denunciaron que funcionarios le pedían cinco dólares por media hora de visita y 10 dólares por un encuentro conyugal.
Durante la presentación del informe anual del OVP, Prado sostuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha destacado que uno de los mayores obstáculos para garantizar los derechos humanos de la población reclusa en el país es la existencia de una «dualidad en los sistemas penitenciarios».
«Por un lado existe un sistema oficial a cargo del Ministerio para el Servicio Penitenciario y que, en consecuencia, debe contar con la capacidad presupuestaria suficiente para garantizar los derechos de las personas detenidas y por otro lado, está un sistema paralelo en el que la situación es crítica, pues los calabozos no están preparados para albergar a personas por más de 48 horas», indicó el abogado.
Lara presenta problema en las celdas
El estado Lara no es una excepción a esta problemática. El Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Pata ‘e Palo, ubicado en la avenida Libertador, ha sido señalado por estas prácticas irregulares. Según denuncias recibidas por parte de familiares, en este lugar se ha registrado el cobro a los reclusos y sus familias, además de presuntos casos de maltrato físico y psicológico.
Estas condiciones han generado tensión entre los internos y los funcionarios, causando motines durante los últimos años, los detenidos han exigido mejores condiciones de reclusión y denunciado los abusos sistemáticos. Prado resaltó que ante esto no se han tomado medidas concretas para resolver la situación.
El año pasado, en la comisaría de Pata ‘e Palo hicieron varias requisas a los detenidos. En junio, una inusual requisa hizo que los uniformados evacuaran a los reos de las celdas para iniciar la búsqueda de material de interés criminalístico.
Para ese momento, los familiares de los reclusos aseguraron que la requisa fue porque ellos, días antes, anunciaron una huelga de hambre, debido a que no aguantaban el hacinamiento y las enfermedades.
«Ellos están cansados de vivir en una celda con más de 100 personas. Aquí no se aguantan la sarna, el retardo procesal y el hacinamiento», comentó la madre de uno de los privados de libertad.
Esta comisaría es una de las que más ha sido señalada por irregularidades, según comentarios de los familiares y la ONG. Allí albergan más de 200 privados de libertad que están distribuidos en cuatro celdas.
En las celdas del Cicpc, también han reportado huelgas de hambre, pero allí los familiares alegan que la protesta es porque quieren ser trasladados a penales para cumplir sus penas allí.
Este 2025, en el Eje de Homicidios del Cicpc se reportó la primera huelga de sangre en la que los detenidos exigían el traslado de un recluso a un centro de salud y denunciaron que los funcionarios le exigían, presuntamente, 10 litros de gasolina para poder sacarlo.
El informe del OVP destacó los problemas del hacinamiento en estos calabozos policiales y las condiciones insalubres que han desencadenado una crisis de salud pública. Enfermedades como tuberculosis, sarna y diarrea son comunes entre los reos.
