Provea se unió a más de 100 organizaciones de derechos humanos de todo el mundo que instan a los países a defender la Corte Penal Internacional (CPI), en respuesta a las medidas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.
«Las sanciones estadounidenses podrían comprometer gravemente la capacidad de la CPI para cumplir su mandato de vital importancia en todas las situaciones en las que actúa. Las instituciones financieras y otros operadores podrían negarse de forma preventiva a realizar transacciones en las que participe la CPI, lo que paralizaría en la práctica la capacidad de la Corte para desempeñar su labor». Estas sanciones afectarían probablemente a las víctimas, los representantes legales y las organizaciones de la sociedad civil, quienes podrían enfrentarse a consecuencias derivadas de su respaldo a la justicia ante la CPI, poniendo en riesgo la labor crucial que desempeñan en la garantía del acceso de las víctimas a la reparación de los crímenes más graves», alertan.
Comunicado:
«La Coalición por la Corte Penal Internacional y sus más de 140 organizaciones no gubernamentales miembros y coaliciones de todo el mundo se oponen firmemente a los esfuerzos de los Estados Unidos de América (EE.UU.) por imponer sanciones relativas a la Corte Penal Internacional (CPI) e instan a los Estados miembros de la CPI a defender a la Corte, a sus funcionarios y a quienes cooperan con ella de las medidas destinadas a socavar el mandato esencial de justicia de la Corte.
La CPI es una institución judicial independiente encargada de brindar justicia a las víctimas de crímenes internacionales graves en ausencia de otras instancias a las que puedan recurrir. Actúa como un tribunal de última instancia indispensable, respaldado por 125 Estados miembros, y desarrolla su labor en más de 16 países de todo el mundo.
Las sanciones estadounidenses podrían comprometer gravemente la capacidad de la CPI para cumplir su mandato de vital importancia en todas las situaciones en las que actúa. Las instituciones financieras y otros operadores podrían negarse de forma preventiva a realizar transacciones en las que participe la CPI, lo que paralizaría en la práctica la capacidad de la Corte para desempeñar su labor. Estas sanciones afectarían probablemente a las víctimas, los representantes legales y las organizaciones de la sociedad civil, quienes podrían enfrentarse a consecuencias derivadas de su respaldo a la justicia ante la CPI, poniendo en riesgo la labor crucial que desempeñan en la garantía del acceso de las víctimas a la reparación de los crímenes más graves.
Las sanciones contra la CPI impedirán el acceso de las víctimas a una justicia legítima e independiente y constituyen un agravio para las víctimas y sobrevivientes de todo el mundo. Con las sanciones, Estados Unidos incurrirá en el mismo tipo de obstrucción que llevó a cabo la Federación Rusa en represalia por la orden de detención dictada por la Corte contra el presidente ruso, Vladimir Putin, la cual incluía órdenes de detención contra el fiscal y los jueces de la CPI, así como una ley que penalizaba la cooperación con la Corte. Las sanciones son una herramienta que debe utilizarse contra los responsables de los crímenes internacionales más graves, no contra quienes luchan por la justicia.
Nuestras organizaciones piden a los Estados Unidos que ponga fin a cualquier intento, incluso a través de sanciones, de socavar los procesos judiciales independientes de la CPI, y que se comprometa a apoyar el acceso a la justicia de todas las víctimas y sobrevivientes de crímenes internacionales graves, incluidas las que recurren a la CPI.
Los países miembros de la CPI, los funcionarios de la CPI y de la Asamblea de Estados Partes, las organizaciones regionales, los expertos de la ONU y la sociedad civil se han unido para defender a la Corte de injerencias y obstrucciones politizadas, pero es fundamental intensificar los esfuerzos para proteger a la Corte y garantizar que pueda llevar a cabo su labor sin impedimentos.
Nuestras organizaciones solicitan a los 125 Estados Partes de la CPI de todas las regiones del mundo que:
Condenen públicamente el uso de sanciones para menoscabar la labor de la CPI y expresen su compromiso firme e incondicional con la CPI y su mandato de importancia fundamental a nivel mundial;
Exijan a los Estados Unidos que cese en sus intentos de comprometer la independencia y la labor esencial de la Corte, y le alienten a unirse a la CPI y brindar un apoyo total al acceso de las víctimas a la justicia;
Cooperen plenamente con la CPI para respaldar de manera consistente a la Corte en todas las situaciones en las que actúe, e insten a los demás actores relevantes a adoptar la misma postura. Esto debe incluir la ejecución de todas las decisiones y solicitudes de la Corte, en particular las órdenes de detención pendientes, así como la armonización de las legislaciones nacionales con el Estatuto de Roma, la ratificación y aplicación del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (APIC) y la firma de todos los acuerdos de cooperación pertinentes con la CPI (entre otros, acuerdos sobre la protección de testigos y víctimas, la puesta en libertad de personas, incluida la libertad provisional, y la ejecución de sentencias);
Adopten y/o apliquen estatutos de bloqueo nacionales y regionales, como el estatuto de bloqueo de la Unión Europea (UE), cuyo objetivo es proteger a los operadores europeos de los efectos de las sanciones extraterritoriales, y que los estatutos de bloqueo e instrumentos similares proporcionen a la Corte y a sus socios una protección de vital relevancia y transmitan el mensaje contundente de que los países miembros de la CPI no tolerarán los esfuerzos para minar la autoridad de la Corte;
Adopten cualquier otra medida de protección a nivel nacional, regional o internacional, y colaboren con los proveedores de servicios nacionales y regionales para garantizar que sigan colaborando con la Corte;
Adopten y apliquen medidas y marcos nacionales para proteger a aquellos que cooperan con la Corte y le brindan apoyo, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.
Signatarios
La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) y:
A world without chemical and biological weapons-www
Action des chrétiens activistes des droits de l’Homme à Shabunda (ACADHOSHA)
Action pour la réforme de la justice et la promotion des droits de l’homme (ARJPDH)
Afghanistan Transitional Coordination Group
African Centre for Justice and Peace Studies
African Federation Association
African Network for International Criminal Justice (ANICJ)
Afrique pour la Justice
Al Mezan Center for Human Rights
Al-Haq
Al-Haq Europe
Amnesty International
Arab Centre for independence of judiciary & legal profession (ACIJLP)
Asamblea Permanente de Derechos Humanos
Asia Justice Coalition (AJC)*
Asociación Americana de Juristas
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Ateneo Human Rights Center
Atrocities Watch Africa
Australian Centre for International Justice (ACIJ)
Avocats Sans Frontières
Bureau d’études et de réflexions pour le bien-être des Communautés/ BERCO
Canadian Partnership for International Justice
CDN/Colombes de la Nature
Center for Civil Liberties
Center for Constitutional Rights
Center for Development of International Law
Center for International Law (CenterLaw)
Center for Justice and Accountability
Center for Truth and Justice
Centro de Investigación de Crímenes Atroces, A.C.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Citizens for Global Solutions (CGS)
Civil organization «Kharkiv Human Rights Protection Group»
Civil Rights Defenders
Civitas Maxima
Club des amis du droit du Congo
Coalition Burundaise pour la CPI
Coalition for the Prevention of Hazara Genocide
Coalition française pour la Cour pénale internationale (CFCPI)
Coalition Guinéenne pour la CPI
Coalition Nationale pour la Cour pénale internationale de la République Démocratique du Congo (CN-CPI/RDC)
Coalitions de l’Afrique Francophone pour la CPI
Colombian Commission of Jurists
COMPPART Foundation for Justice and Peacebuilding
Darfur Call
Darfur Network for Human Rights (DNHR)
Defense for Children International – Palestine
Democracy Development Foundation
Democracy Without Borders-Kenya
Documenta – Center for Dealing with the Past
Dynamique chrétienne pour la défense des droits humains et de l’environnement, DCDHE
European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
Femmes Solidaires pour la Paix et Développement
Fondation Congolaise pour la promotion des Droits humains et la Paix
Foro Penal
Foundation Sunflowers
Front de Lutte contre la Pauvreté et les Crimes (FROLUPAC)
Fundación Internacional Baltasar Garzón –FIBGAR
Global Centre for the Responsibility to Protect
Global Justice Center
Global Rights Compliance
Help Not Handcuffs, Inc.
Helsinki Citizen’s Assembly Vanadzor
Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
Human Rights Activists (in Iran)
Human Rights Agenda Association
Human Rights Association (İHD)
Human Rights Center ZMINA
Human Rights First
Human Rights Watch
Humanitarian Law Center
International Association of Democratic Lawyers (IADL)
International Centre of Justice for Palestinians
International Commission of Jurists
International Commission of Jurists Norway (ICJ Norway)
International Federation for Human Rights (FIDH)
International Partnership for Human Rights (IPHR)
Just Access e.V.
Justice Call
Kenya Human Rights Commission
Kurdish organizations Network coalition for the International Criminal court (KONCICC)
Kurdistan without Genocide
Lawyers Committee on Nuclear Policy
Lawyers for Justice in Libya
Le Centre Marocain pour la loi et la paix
Legal Action Worldwide
Libya Crimes Watch (LCW)
Life campaign to abolish the death sentence in Kurdistan
Ligue Burundaise des droits de l’homme Iteka
Ligue pour la Paix, les Droits de l’Homme et la Justice (LIPADHOJ)
Ligue pour la Promotion et le Développement Intégral de la Femme et de l’Enfant (LIPRODIFE)
MADRE
Media Initiative for Human Rights
Medical Action Group
Mnemonic
Netherlands Helsinki Committee
Network Against Killings in the Philippines (NAKPhil)
Nigerian Coalition for the International Criminal Court (NCICC)
No Peace Without Justice
Norwegian Helsinki Committee
Nürnberger Menschenrechtszentrum
Open Society Justice Initiative
Organization Against Weapons of Mass Destruction in Kurdistan
Organization of the Justice Campaign- OJC
Parliamentarians for Global Action
People’s Empowerment Foundation (PEF)
Philippine Coalition for the International Criminal Court ( PCICC)
Physicians for Human Rights
Platform for Peace and Humanity
Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Protection of Rights without Borders NGO
Public Committee against Torture in Israel
REDRESS
Reporters Without Borders (RSF) / Reporters Sans Frontières (RSF)
Réseau Equitas Côte d’Ivoire (REQCI)
Rights for Peace
Robert F. Kennedy Human Rights
StoptheDrugWar.org
Students for Global Democracy Uganda
Sudan Social Development Organization (SUDO)
Sudanese Women’s Rights Action
Swedish Foundation for Human Rights
Swedish Peace and Arbitration Society
Syndicat de la magistrature (France)
Synergy for Justice Stichting
The Arab Coalition for the International Criminal Court (ACICC)
The Georgian Centre for Psychosocial and Medical rehabilitation of Torture Victims (GCRT)
The Global Institute for the Prevention of Aggression
Transitional Justice Working Group (TJWG)
TRIAL international
Truth Hounds
Ukrainian Helsinki Human Rights Union
Ukrainian Legal Advisory Group
United Nations Association of Sweden
UpRights
Vision GRAM- International
Wereld Federalisten Beweging Nederland
Women’s Initiatives for Gender Justice
World Jurist Association Human Rights Institute
World Organisation Against Torture (OMCT)
World Without Genocide
Youth for Peace and Dialogue Between Cultures
Zarga Organisation for Rural Development
AC
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