La ONG Amnistía Internacional, denunció el miércoles 26Mar, que la «expulsión ilegal» de 238 migrantes venezolanos a El Salvador representa un «desprecio manifiesto» hacia las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos y un «avance peligroso» en las «prácticas autoritarias» de la Administración del presidente, Donald Trump.
“Las expulsiones ilegales a El Salvador ponen vidas en peligro al haber un estado de excepción en vigor”, dice un comunicado publicado en la página web de Amnistía Internacional.
Las autoridades estadounidenses completaron el traslado a pesar de la orden judicial que reclamó su paralización y que ahora ha derivado en críticas frontales de Trump contra el juez. El inquilino de la Casa Blanca «ignoró» a un juez federal y ahora pide su destitución, ha lamentado la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer, en el texto.
El Gobierno de EE. UU., justificó la expulsión masiva alegando que se trataba de miembros del grupo criminal Tren de Aragua, pese a que las investigaciones posteriores han puesto en duda esta vinculación en al menos parte de los casos. Amnistía ha apuntado que «fueron clasificados como miembros de bandas por sus tatuajes o su relación con el estado venezolano de Aragua, sin más pruebas».
«De hecho, el propio personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense ha admitido que «muchos» no tenían antecedentes penales y algunos fueron expulsados por la percepción de que podrían cometer delitos en el futuro», señalado su responsable para la región.
«Un peligroso apoyo»
La ONG ha recordado además en el hecho de que en El Salvador rige un estado de excepción y ve en la alianza con este país centroamericano un «peligroso apoyo» a la agenda «punitiva» en materia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele desde su ascenso al poder.
Piquer, subrayó que El Salvador representa una «tendencia alarmante» en las Américas, «donde el encarcelamiento masivo, la falta de control sobre el poder ejecutivo y la criminalización de las comunidades marginadas se presentan como soluciones al crimen».
De hecho, sostuvo que existe una «conexión clara y preocupante» entre el modelo de seguridad impulsado por Bukele y las medidas que busca adoptar Trump, ya que en ambos casos se estarían utilizando «criterios discriminatorios» sin unas mínimas garantías procesales.
Piquer ha reclamado al Gobierno de Estados Unidos el retorno «inmediato» de los individuos trasladados «ilegalmente» a El Salvador y la suspensión de los programas de detención y deportación «masiva», así como el restablecimiento del derecho de asilo en la frontera sur con México, principal puerta de entrada de los migrantes al país norteamericana. S
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