El Gobierno de Italia, liderado por Giorgia Meloni, aprobó un drástico cambio en la legislación de ciudadanía que afecta a los descendientes de italianos en el extranjero, limitando el otorgamiento de ésta por ‘ius sanguinis’ (derecho de sangre), a sólo dos generaciones, cuando antes no había límite generacional.
El decreto gubrnamental entró en vigor el 29 de marzo, y ha generado incertidumbre entre los descendientes de italianos en algunos países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, donde se concentró la mayor migración de inmigrantes italianos entre la segunda parte del siglo XIX y la primera del siglo XX.
El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó en un comunicado que el decreto «establece que los descendientes de italianos nacidos en el extranjero serán automáticamente ciudadanos solo por dos generaciones: solo aquellos que tengan al menos un padre o abuelo nacido en Italia serán ciudadanos desde el nacimiento».
Se indica que los hijos de italianos adquirirán automáticamente la ciudadanía si han nacido en Italia o si, antes de su nacimiento, uno de sus padres ciudadanos ha residido en Italia durante al menos dos años continuos.
En el decreto se establece, además, que la ciudadanía ya no se podrá tramitar en los consulados, sino en una oficina especial de Cancillería, aunque habrá un período de transición de aproximadamente un año para la organización de esa entidad.
Las solicitudes de reconocimiento documentadas y presentadas antes del 27 de marzo de 2025 se procesarán de acuerdo con las normas anteriores.
El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, justifcó la medida «para evitar abusos o fenómenos de comercialización de pasaportes italianos». Asimismo, cuestionó que «desde finales de 2014 hasta finales de 2024, los ciudadanos residentes en el extranjero pasaron de aproximadamente 4,6 millones a 6,4 millones: un aumento del 40 % en 10 años».
Mencionan que, por ejemplo, Argentina pasó de unos 20.000 reconocimientos en 2023 a 30.000 al año siguiente; en Brasil, de más de 14.000 registrados en 2022 aumentó a 20.000 el año pasado; y en Venezuela se contabilizaron casi 8.000 procedimientos en 2023.
Foto: (Referencial) Xinhua
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