Organizaciones civiles de EE. UU. cuestionan la deportación de venezolanos

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), principal organización de defensa de los derechos civiles estadounidense, señaló el lunes 18-Mar, a la Casa Blanca por incumplir una orden del juez federal James Boasberg, que prohibía realizar deportaciones de venezolanos aplicando la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el fin de semana una orden ejecutiva que invocaba los poderes de guerra mencionados en esta ley para deportar rápidamente a cualquiera sospechoso de pertenecer al grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

El proceso no permite audiencias, por lo que podría provocar deportaciones generalizadas de venezolanos sin demostrar relación alguna con el Tren de Aragua, según las organizaciones de derechos civiles.

El juez Boasberg bloqueó provisionalmente la orden ejecutiva, pero la Administración Trump ha mantenido al menos dos vuelos de deportación, denuncian grupos como ACLU. En concreto, señalan que la orden judicial contempla «inequívocamente» la vuelta de los aviones y exige al Ejecutivo demostrar su cumplimiento.

«Según la información disponible públicamente, parece que hubo al menos dos vuelos que despegaron durante la audiencia, pero aterrizaron incluso después de la orden escrita de este tribunal, lo que significa que los acusados podrían haber cambiado el avión sin entregar a las personas», denunció la ACLU en un comunicado.

«Aunque los aviones hubieran dejado territorio de Estados Unidos, sus autoridades conservan la custodia al menos hasta que los aviones aterricen y se entregue a los individuos a gobiernos extranjeros», argumentó.

La Casa Blanca rechazó la acusación e insinuó que Boasberg no tiene autoridad en este asunto a pesar de que los tribunales investigan habitualmente la política de inmigración.

«La administración no se ‘negó a cumplir’ con una orden judicial. La orden, que no tenía una base legal, se emitió después de que los terroristas según la Ley de Enemigos Extranjeros ya habían sido retirados de territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la administración no entran en conflicto», ha subrayado, según recoge la prensa estadounidense.

Además, la Casa Blanca subraya que «como el Tribunal Supremo ha dejado claro repetidamente: los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la conducta del presidente en los asuntos extranjeros, sus competencias bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus poderes principales del Artículo II para eliminar terroristas extranjeros de suelo estadounidense y repeler una invasión declarada», recalcó la portavoz Karoline Leavitt en X.

«Terreno muy peligroso»

Uno de los abogados de la ACLU, Lee Gelernt, advirtió que la Administración se mueve en «un terreno muy peligroso». «Los tribunales federales tienen la competencia y el deber de vigilar lo que hace el poder ejecutivo si incumple la ley. Y eso es exactamente lo que está pasando. Es un caso de separación de poderes en definitiva», apuntó en un mensaje publicado en redes sociales.

Además, recordó que el Congreso dio estos poderes al presidente «hace más de 200 años». Solo se utilizó tres veces: en la guerra de 1812, en la I Guerra Mundial y en la II Guerra Mundial. «Es una competencia exclusiva presidencial y solo si hay implicado un gobierno extranjero, un país extranjero, si se ha declarado una guerra. Eso no es lo que está pasando aquí, así que el presidente se ha excedido en sus competencias», alegó.

Para Gelernt, los tribunales federales deben poder revisar si se está utilizando ilegalmente la Ley de Enemigos Extranjeros y adelantó además que pidieron declaraciones juradas sobre si se ha incumplido el dictamen del juez federal al no dar media vuelta a los dos aviones. «Todo apunta a que han incumplido la orden judicial», remarcó.