El juez federal James Boasberg pidió este lunes explicaciones al Departamento de Justicia después de que la Administración del presidente Donald Trump incumpliera su orden explícita del sábado para que parara las deportaciones de deportaciones de ciudadanos venezolanos conforme una orden ejecutiva de Trump amparada en la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1789, que faculta al presidente para expulsar a ciudadanos de ciertos países en tiempo de guerra.
Boasberg ha celebrado este lunes una tensa vista en la que ha dado a los representantes del Departamento de Justicia hasta la tarde del martes para que presenten una respuesta a una serie de preguntas sobre los vuelos de deportación, incluidas sus horas de salida del espacio aéreo estadounidense, aterrizaje en países centroamericanos y entrega de sus ocupantes a las autoridades extranjeras, informa la CNN.
Además ha ordenado al juez del Departamento Abhishek Kambli que explique por qué cree que la información no se puede publicar, como ha defendido. «Si dice que es secreta y que no me la puede mostrar, entonces tendrá que explicar por qué. Me interesa escucharlo», ha espetado.
El juez ha reprochado al Ejecutivo que se ha comportado como si su dictamen del sábado «no fuera una orden». El razonamiento sería, según el juez: «No nos importa. Vamos a hacer lo que queramos», a apuntado.
Previamente, el Departamento de Justicia había argumentado que la orden judicial «no es aplicable» por se «oral». «Una directiva oral no es aplicable como si fuera un requerimiento. Las órdenes escritas son cruciales porque aclaran los vínculos de una conducta permisible», ha respondido el Departamento de Justicia al juez Boasberg.
Organizaciones de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) han denunciado que la Administración Trump ha incumplido una orden de un tribunal federal tras asegurar que había dos aviones con deportados en vuelo cuando se emitió la decisión judicial, por lo que los venezolanos estaban todavía bajo jurisdicción estadounidense y deberían de haber sido devueltos a Estados Unidos.
La orden verbal del juez decía que cualquier avión debía de regresar a Estados Unidos, pero la orden escrita no menciona esta circunstancia en particular y simplemente veta cualquier expulsión mientras la orden esté en vigor.
«La orden escrita, menos prolija, supone un juicio más estudiado del tribunal sobre el ejercicio adecuado de sus competencias», según los abogados del Departamento de Justicia. «El escrito prevalece», han sentenciado, según recoge la cadena CNN.
Además, recuerdan que la orden judicial, emitida a las 19.25 del sábado, «no interfiere con las competencias del presidente para realizar operaciones militares en el extranjero al amparo del Artículo II».
El domingo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la llegada desde Estados Unidos de 238 presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua a petición del presidente estadounidense, Donald Trump. El traslado se ha realizado al amparo de una ley de 1789 que da poderes especiales al presidente en tiempo de guerra para expulsar a determinadas nacionalidades. YB
EuropaPress
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